Alianza Mundial Contra el Tráfico de Mujeres / En la opinión de Marta Lamas

Por Marta Lamas/ Proceso

 

La Alianza Mundial Contra el Tráfico de Mujeres (Global Alliance Against Traffic in Women, por sus siglas GAATW) fue fundada en 1994 con el objetivo de abordar este fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos y la integran más de 100 organizaciones articuladas en red alrededor del mundo. El año pasado, el Secretariado Internacional de la GAATW decidió investigar cómo las propias trabajadoras sexuales pueden prevenir los abusos en la industria del sexo, tales como la violencia, la coerción y la explotación, algunos de los cuales forman parte de la definición de trata.

 

Para tener un panorama, la GAATW eligió siete países, tanto del sur como del norte y con diferentes modelos legales: Nueva Zelanda es el que tiene un modelo de descriminalización total; India, México y España tienen un sistema parecido de semidescriminalización; Tailandia y Sudáfrica son ejemplo de criminalización total, y Canadá de criminalización de los clientes. En la mayoría de los países, las trabajadoras sexuales entrevistadas informaron que, en su experiencia, las situaciones que cumplen los criterios de definición para ser consideradas situaciones de trata de personas no son comunes. La excepción notable fue México, donde se documentaron algunos casos terribles de trata de personas, por sus tasas muy altas de violencia, en gran parte relacionadas con pandillas y cárteles de las drogas, altos niveles de impunidad y, según el informe, corrupción policial y judicial endémica.

 

El 25 de abril se llevó a cabo la presentación del informe de la GAATW sobre México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los comentaristas fueron el propio director del instituto, el doctor Pedro Salazar; el director del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, el doctor Luis de la Barreda, y el director de la cátedra extraordinaria de trata, el maestro Mario Luis Fuentes.

 

También hablaron la licenciada Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, el investigador Francisco Lagunes y la representante de la GAATW, Chusa Álvarez. Esta última recordó que, durante el proceso de discusión del Protocolo de las Naciones Unidas sobre tráfico de armas, drogas y personas (Palermo 2000), la GAATW junto con otras organizaciones insistió para que se distinguiera la trata del trabajo sexual y para que se consultara con grupos organizados de trabajadoras sexuales respecto de cómo desarrollar estrategias antitrata. Y lamentó que, aunque el protocolo sí establece que la trata de personas y la prostitución son distintos, los medios de comunicación siguen mezclando discursivamente ambas, alentados por ONG y fuerzas políticas cuyo objetivo es prohibir totalmente el comercio sexual.

 

 

Elvira Madrid señaló que las trabajadoras sexuales quieren poder ganarse la vida sin interferencias, sin discriminación y sin hostigamiento al elegir la mejor opción de entre las alternativas limitadas que tienen. Para la mayoría, el trabajo sexual es preferible a los escasos trabajos disponibles y menos remunerados, como el trabajo doméstico y el trabajo en fábricas; además, recordó que el salario mínimo por ocho horas de trabajo es de 80 pesos, los cuales ellas se pueden ganar en 20 minutos.

 

Francisco Lagunes, quien hizo la investigación en México, planteó que con frecuencia se resbala al error de presentar dos estereotipos simplificados y opuestos: la mujer prostituida (una víctima explotada sin autonomía) o la trabajadora sexual (una mujer independiente, empoderada, que hizo una elección libre). Esta es una dicotomía falsa que oscurece el complejo espectro de circunstancias de las personas que venden servicios sexuales. Por ejemplo, una trabajadora sexual puede convertirse en víctima de trata, y una mujer cuya entrada en la industria estuvo marcada por la coacción o el engaño puede salir de esa situación y continuar trabajando independientemente.

 

Tal es el caso de Estela, a quien la obligaron violentamente a tener relaciones sexuales a los 13 años. Después de más de dos años, logró escapar. Luego, en sus propias palabras, “un chico gay me contrató para hacer trabajo sexual en su burdel, en Zamora, en buenas condiciones, con un ingreso real y libertad para hacer lo que quisiera. Finalmente me sentí más segura de mí misma y he trabajado en el sexo desde entonces. Ahora no pago dinero a nadie por hacer mi trabajo”.

 

Para Chusa Álvarez, la representante de la GAATW, es preocupante que, pese a que las trabajadoras sexuales están excepcionalmente bien posicionadas para detectar la trata de personas dentro de la industria del sexo, no son tomadas en cuenta para desarrollar las estrategias antitrata. Finalmente, subrayó que, además del estigma, existe un silenciamiento ideológico que las trabajadoras describen como: “hablar de nosotras sin nosotras”. Muchas de las trabajadoras entrevistadas expresaron su frustración por su exclusión de la participación y representación política, especialmente cuando se trata de políticas que les conciernen.

 

El Informe México 2018 ofrece una visión documentada y rigurosa sobre la situación de las trabajadoras sexuales en nuestro país. Ojalá las autoridades encargadas del combate a la trata se den el tiempo para leerlo.

 

Este análisis se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.

 

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