Empresas se ven afectadas por el crimen organizado; esto pagan por derecho de piso

El crimen organizado se ubica en la segunda posición de los principales actores externos que afectan a las empresas mexicanas

Por Vanessa Solis

Ciudad de México.- El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para las empresas mexicanas y extranjeras, quienes desde hace años han registrado pérdidas millonarias por la violencia que impera en el país.

En marzo pasado, Cola-Cola Femsa anunció el cierre de su planta en Ciudad Altamirano, ubicada en el violento estado sureño de Guerrero, a causa del “hostigamiento de grupos delincuenciales”.

Desde enero de 2018 la mayor embotelladora de Coca-Cola denunció que había sufrido constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, así como afectaciones a las instalaciones de la empresa en la región.

La empresa lamentó que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad la obligaran a detener sus labores en un territorio en el que tuvo presencia por más de cuatro décadas.

Dicho caso es sólo la punta del iceberg de lo está sucediendo en México, señaló una publicación de Reporte Índigo.

“El crimen organizado sin duda afecta a las empresas. Ese fue un caso público, pero, debe de haber miles de compañías que dejan de operar precisamente porque los grupos delincuenciales no las dejan. Es un tema muy complicado que tiene un impacto importante en empresas de cualquier tamaño”, dice Alberto Jaquez, socio de Servicios Forenses en PricewaterhouseCoopers México (PwC México).

Jaquez explicó que cuando las organizaciones se ven obligadas a pagar por derecho de piso al crimen organizado están cayendo en un acto de corrupción, sin embargo, precisa que, en muchas ocasiones no tienen otra alternativa.

“Si no ceden se exponen a que los secuestren o a alguno de sus familiares. Entonces, se enfrentan ante la encrucijada de aceptar o no”.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) más de dos mil 800 comercios han tenido que cerrar en Acapulco, Guerrero, a causa del cobro de cuotas de parte del crimen organizado.

Las cantidades que cobran a los comercios por “dejarlos trabajar” van de los cinco mil, hasta los 30 mil pesos mensuales.

El presidente de la Canaco, Alejandro Martinez Sidney, señaló en entrevista realizada por Bajo Palabra, que los negocios más afectados por el derecho de piso son los bares, discotecas, ferreterías, abarroteras, distribuidoras de material para la construcción, farmacias y negocios de maderería, así como también los pequeños comercios.

Los centros nocturnos, discotecas y bares pagan 30 mil pesos al mes, los giros medianos 10 mil pesos quincenal, y los pequeños negocios entre cinco a 10 mil pesos al mes.

Declaró Martinez Sidney, que ante esta situación nada se puede hacer, solo cubrir la cuota para que sus trabajadores o su familia no paguen con su vida.

Las denuncias por parte de empresarios o comerciantes son pocas, porque de acuerdo a las autoridades, el delito de extorsión no es un delito grave por lo que no hay condiciones jurídicas, ni de seguridad para que los comerciantes denuncien estas extorsiones.

Los pagos de cobros de piso se realizan por medio de cuentas bancarias personales, o de manera personal a personas acreditadas por el crimen organizado.

El crimen organizado se ubica en la segunda posición de los principales actores externos que afectan a las empresas mexicanas, de acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos en México 2018, elaborada por PwC México.

De los actos que se cometen en contra de las empresas mexicanas, el crimen organizado es responsable de un 23% de los ataques. Los hackers se ubican en el primer lugar de la medición de la consultora, con un 27 por ciento.

vsv

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