¿Prepotencias manceristas? / En opinión de Alberto Aguirre

La lógica estéril del mayoriteo quedó implantada en el Constituyente Permanente, después del Pacto por México. En el 2015, la irrupción de Morena era exigua en San Lázaro, pero en el Distrito Federal, sus representantes ocuparon un tercio de la Asamblea Legislativa. Y como sus homólogos priistas y panistas, el jefe de gobierno perredista, Miguel Ángel Mancera, decidió ignorar a la minoría izquierdista.

El avasallamiento, como método para gobernar. El entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano, cerraba la pinza con el entonces líder de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, y el consejero jurídico, Manuel Granados, para sacar adelante la agenda legislativa mancerista.

Ese peculiar estilo terminó por generar una afectación a los principios de legalidad y democracia deliberativa, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la acción de inconstitucionalidad 121/2017 y sus tres acumuladas, interpuestas —por separado— por la CNDH y los 22 integrantes de la bancada morenista en la entonces ALDF, que entonces coordinaba César Cravioto.

Morena había desbancado al PRD como primera minoría en ese órgano legislativo. No obstante, un bloque de fuerzas políticas —entre ellas Movimiento Ciudadano, PRD y el PAN— decidió respaldar la agenda del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien promovió la reforma que habilitaba el sistema anticorrupción en la capital de la República y creaba la Fiscalía Especializada en la materia.

Los reclamos sobre el nombramiento del secretario ejecutivo del sistema anticorrupción y la duración en el cargo del fiscal fueron sobreseídos en el desahogo de la demanda por el ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En el fondo del asunto, por el contrario, acreditó como válidas todas las deficiencias de los “procedimientos” aplicados por la ALDF en la dictaminación y la aprobación del paquete de leyes que darían forma al sistema y que implicaron “un distanciamiento importante de las reglas y principios que deben respetarse en la actividad parlamentaria”.

Esas acciones de inconstitucionalidad promovidas por los asambleístas morenistas en el 2017 —y admitidas por la SCJN en el 2018— terminaron por impactar la agenda legislativa de la 4T. Y los efectos de la sentencia, que ya fue notificada a los actores, impactar la integración de la secretaría técnica, del Comité de Participación Ciudadana y de la nueva secretaría de la Contraloría de la CDMX. Hasta que los diputados expidan nuevas leyes, los funcionarios en comento no podrán ser electos.

El pleno del máximo tribunal también resolvió la acción de inconstitucionalidad 119/2017, por la cual la CNDH demandó la invalidez del sistema de integración del Comité de Participación Ciudadana en materia de anticorrupción, que debía conformarse con 15 integrantes (10 técnicos especializados y cinco consejeros honoríficos).

Efectos secundarios

BÚMERAN. Una solicitud de información evidenció el contrato asignado por la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco, Cynthia Cantero, al académico David Gómez Álvarez, actual integrante del Comité Estatal Anticorrupción. La discusión sobre los montos y la racionalidad del pago por esos servicios profesionales es una y otra, muy distinta, es la probable postulación de Cantero —quien además es presidente de la comisión de rendición de cuentas en el Sistema Nacional de Transparencia— como aspirante a una de las dos vacantes en el pleno del INAI, que deberán ser resueltas dentro de tres meses. Una de las representantes de los órganos garantes estatales con más aptitudes ve mermadas sus aspiraciones por ataques, mientras que crecen las posibilidades de académicas como Issa Luna Pla, secretaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas, o María Solange, del CIDE.

ORDENAMIENTOS. Además del caso de Everest 635, la alcaldía Miguel Hidalgo ha tenido que cumplir con los mandamientos judiciales a favor del desarrollo inmobiliario Flow, ubicado en la carretera México-Toluca 2822, en Lomas de Bezares. A partir de un recurso promovido por un grupo de vecinos de la zona, las obras fueron suspendidas por las autoridades administrativas, lo que llevó a los desarrolladores a tramitar un amparo. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre desarrolladores y vecinos, no obstante haberse llevado a cabo más de 10 mesas de mediación con la asistencia de representantes de la alcaldía, la PAOT, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Seduvi, la Semovi y la Secretaría del Medio Ambiente, fue finalmente la justicia federal quien dirimió las controversias. La resolución está siendo acatada por las autoridades locales y como consecuencia ordenaron la inmediata reanudación de los trabajos de construcción.

 

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