Desapariciones forzadas: Muchos compromisos, ningún resultado

Redacción MX Político.- Sin cambios sustanciales en la operatividad de la investigación de desaparición de personas, sin recursos suficientes para realizar diligencias ministeriales, sin los lineamientos básicos a nivel nacional para coordinar búsquedas de desaparecidos ni mucho menos la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda o un sistema de identificación forense eficiente, entre otras deficiencias institucionales, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que considera una “prioridad” la atención a la tragedia humanitaria de la desaparición de personas, han ido perdiendo sentido a lo largo del primer año de gobierno.

Familiares de víctimas y organizaciones que los acompañan saben que la tarea de López Obrador no es fácil. El gobierno de Enrique Peña Nieto le “heredó” 40 mil desaparecidos, 37 mil cuerpos sin identificar y miles de restos óseos resguardados por servicios forenses del país, así como 3 mil 24 fosas con 4 mil 974 cuerpos, localizados entre 2006 y el 14 de agosto de 2019, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Pero como cabeza del Estado mexicano le toca al presidente dar respuesta a miles de familias de víctimas de los sexenios anteriores y las que se siguen acumulando en su administración.

Apro recabó testimonios de defensores y de familiares de víctimas de desaparición forzada y cometida por particulares, que advierten de los retos en la materia.

Uno de ellos es que, al menos en la Fiscalía General de la República (FGR) se le redujeron mil 500 millones de pesos de presupuesto para 2020, lo que afectará la operación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, encabezada por Abel Galván y en la cual cada uno de los aproximadamente 50 agentes del Ministerio Público tiene acumuladas al menos 40 carpetas de investigación por procesar.

La falta de cambios eficaces en la atención al problema y la negativa a aplicar la perspectiva de género en las investigaciones sobre desaparición de mujeres llevó el pasado 18 de octubre a la madre de una joven desaparecida a elevar su caso ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAM).

Defendido por I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el caso está relacionado con la sustracción de una joven de su domicilio por un comando en Iguala, Guerrero, en octubre de 2012. En su búsqueda han perdido la vida al menos dos personas, una más fue desplazada de manera forzosa y la madre de la joven, quien había sido víctima de violencia doméstica, sigue en riesgo, por lo que la identidad de ambas se mantiene en reserva.

La sustracción fue denunciada oportunamente ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que sólo integró un acta circunstanciada. No llevó a cabo ningún tipo de investigación, por lo que la familia de la víctima acudió a la entonces Procuraduría General de la República.

En mayo de 2013 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres consideró que la participación de un comando no implica en sí violencia de género y al año siguiente declinó su competencia en la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. En marzo de 2015 la entonces Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hoy Fiscalía Especial, lo integró con otros casos de desaparición en Iguala, en un expediente que abrió tras las denuncias del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.

De acuerdo con la comunicación enviada por I(DH)EAS al Comité CEDAW, desde que tomó la representación de los familiares de la víctima en 2016 exigió a las instancias federales investigar con perspectiva de género, lo que se le negó reiteradamente.

En 2018 la defensa de las víctimas ganó un amparo contra la decisión de las autoridades de no investigar con perspectiva de género, lo que no modificó el esquema de trabajo en la actual FGR, pese a que el año pasado se registraron 28 desapariciones de mujeres en Iguala.

“Antes de que se acabara el sexenio de Peña Nieto ya habíamos pensado en enviar el caso al Comité CEDAM pero, viendo un poco la disposición del nuevo gobierno, le dimos un plazo prudente de aproximadamente un año. No obstante, no hay intenciones de cambio, no hay un indicador que nos diga que las cosas van a mejorar; tenemos a los mismos operadores, a lo mismos subprocuradores y una cerrazón del fiscal general (Alejandro Gertz Manero) a reunirse con las víctimas. No nos quedó más que ir al foro internacional”, explica Guillermo Naranjo, abogado de la organización.

Familias defraudadas

De acuerdo con el documento presentado ante el Comité CEDAW, la madre de la víctima urge a que el caso sea admitido ante las omisiones del Estado mexicano para buscar a la joven, “y por la decisión de las autoridades de procuración de justicia de no investigar su privación de la liberad y desaparición como actos de violencia por razón de género, la existencia de estereotipos al abordar la investigación de los hechos, la ausencia de normas en el derecho penal interno que garanticen investigaciones con perspectiva de  género cuando se investigan delitos del crimen organizado, y las fallas sistemáticas e ineficacia en la investigación”.

Se trata del primer caso relacionado con una desaparición llevado ante un órgano de la ONU, en el que de alguna manera se implica a la administración de López Obrador, antes de que siquiera se admita la competencia del Comité sobre Desaparición Forzada para llevar casos individuales, como se comprometió el presidente el 30 de agosto pasado.

El incumplimiento de esa promesa es una molestia más para los colectivos de familias de desaparecidos integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

 

jvg

 

Minuto a Minuto

Minuto a Minuto